Denuncia contra el
Ministerio de Economía presentada a la Auditoría General de la Nación por
quedarse con bonos de los acreedores del
Estado
por Juan José
Guaresti • 02/05/2015 • 1
Comentario
Se ha presentado una denuncia a la
Auditoria General de la Nación por el suscripto en la que se solicita se
investigue al Ministerio de Economía por pagar de menos a los acreedores del
Estado que le ganaron juicios comprendidos en la ley 23.982 (y leyes
posteriores) de consolidación de deuda pública. Esta operatoria que es una
verdadera defraudación, se viene realizando desde mediados de 1997 y tiene
decenas de miles de damnificados, repartidos en toda la
Nación.
La defraudación consiste en pagarles una suma inferior a
la que surge de las sentencias que recayeron en esas causas para lo cual se
recurre a la estratagema de multiplicar indebidamente el resultado de las
decisiones judiciales por una cifra inferior a la unidad y abonar la cifra de
bonos de consolidación que surge de esta operación que desde luego, es también
inferior a la debida. Se trata de un acto ilícito que ha perjudicado a decenas
de miles de personas sin perjuicio de humillar al Poder Judicial de la
Nación.
LA ACTUACIÓN DEL CITADO ORGANISMO OFICIAL QUE
CONTRAVIENE EL MANEJO DE LOS FONDOS A SU CARGO Y VIOLA LAS LEYES, DEBE SER
INVESTIGADA POR LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y EL RESULTADO DEBE SER
INFORMADO AL CONGRESO DE LA NACIÓN.
Los damnificados .no son uno ni cincuenta o cien sino
que son, como dijimos, decenas de miles de administrados o sean todos o casi
todos quiénes han presentado desde la fecha indicada de 1997 hasta el momento en
que esto se escribe, sus requerimientos de pago debidamente conformados por los
organismos de contralor entre los cuáles se debe destacar a la Sindicatura
General de la Nación. Esos requerimientos de pago en los cuáles se ordenaba el
pago de decenas de miles de sentencias judiciales según la cantidad correcta que
surgía de los autos y de los expedientes administrativos de contralor, fueron
cumplidos solamente en parte por el Ministerio de Economía de la Nación ,
BURLANDO DESDE LUEGO LO DISPUESTO POR LA SINDICATURA GENERAL DE LA
NACIÓN.
SE TRATA DE UNA MEGA ESTAFA PERPETRADA POR EL MINISTERIO
DE ECONOMIA DE LA NACION DE LA CUAL LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION DEBE
INFORMAR AL CONGRESO DE LA NACIÓN.
La consecuencia institucional de lo que HA HECHO Y SIGUE
HACIENDO el Ministerio de Economía es demoler la doctrina de la separación de
los poderes y hacer inocuo el contralor que ejercita el Poder Judicial sobre el
Poder Ejecutivo cuando dicta sentencia que es una de las bases sobre las cuales
se asienta la República, en decenas de miles de expedientes. ESTO ES
GRAVISIMO.
NO CABE DUDA QUE LOS PAGOS INSUFICIENTEMENTE REALIZADOS
CORRESPONDEN A PERSONAS QUE NO ESTÁN EN CONDICIONES DE DEFENDERSE PORQUE NO
TIENEN ESTUDIOS DE ABOGADOS Y CONTADORES IMPORTANTES QUE LOS
ASISTAN.
Las grandes empresas que tienen a su servicio
importantes organizaciones que pueden asesorarlas a la perfección y también los
amigos del poder, deben haber cobrado lo que se le debía pero no es el caso de
las decenas de miles de litigantes a los que nos estamos refiriendo y que
implícita o directamente defendemos. Los abogados normales no menos comúnmente
no estamos capacitados por nuestras incumbencias para escudriñar estas
cuestiones contables y embrollos hechos en la Administración Pública con el
deliberado propósito de ocultar la verdad. Para fundar este acerto podemos decir
que un abogado sabe que el Instituto Nacional de Estadística y Censos falsifica
las cifras que brinda pero no está en condiciones de develar los pormenores de
la trampa de la cual son víctimas el o su cliente. Para ello se requiere una
especialización no habitual.
ESTA ES UNA DENUNCIA RESPECTO DE UNA ESTAFA DE
DIMENSIONES INMENSAS PERPETRADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA QUE TIENE DECENAS
DE MILES DE PERJUDICADOS.
Ante esta denuncia fundada de hechos dolosos que cuando
esto se escribe se siguen perpetrando por un organismo de la Constitución como
es un Ministerio, el lector puede preguntarse ¿un organismo creado por la
Constitución Nacional como es la Auditoría General de la Nación debe intervenir
sin que haya algún requerimiento del Poder Legislativo? Debe hacerlo con y sin
autorización del Poder Legislativo. La Constitución Nacional en el artículo 85
dice que la Auditoría General de la Nación: “Tendrá a su cargo el control de
legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública
centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y
las demás funciones que la ley le otorgue”. El Ministerio de Economía pertenece
a la administración pública y por ende puede y debe ser investigado por la
Auditoría General.
Ese control de legalidad, gestión y auditoría no
requiere que se lo pida el Congreso para ejercitarlo porque la Auditoría General
es un organismo extrapoder que tiene “autonomía funcional” para llevar a cabo su
tarea. Esto no significa que la Auditoria pueda tomar medidas por si sola para
hacer cesar un comportamiento ilegal del Ministerio de Economía. Eso sería
atribuirse funciones que son propias del Congreso. Pero lo que si puede y debe
hacer es informarlo de lo que acontece, previa documentada y cuidadosa
investigación en los términos de su autonomía funcional, en cumplimiento de sus
deberes constitucionales. Si la Auditoría General de la Nación requiriera
órdenes o instrucciones del Congreso para ejercer su cometido, bastaría una
mayoría legislativa circunstancial para que la Auditoría General de la Nación no
pudiera hacer investigaciones que considerara pertinentes para ejercitar el
contralor a su cargo. Sería muy fácil bloquear su
labor.
LA ESTAFA
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA YA TIENE ESTADO
PÚBLICO:
Con anterioridad publicamos el 11 de diciembre de 2013
un artículo en el “Informador
Público” titulado “EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEFRAUDA A LOS
ACREEDORES DEL ESTADO” el cual no puede ser más frontal y directo. Con
posterioridad a éste continuamos informando en distintos medios de prensa la
defraudación gigantesca que perpetra el Ministerio de
Economía.
Véase también el artículo del 27/2/14 publicado también
en elInformador
Público titulado “EL
ESTADO ARGENTINO NO INSPIRA CONFIANZA” donde la defraudación del Ministerio de
Economía se puso nuevamente de manifiesto.
El 1° de abril de 2014 publicamos en el “Informador
Público” el artículo titulado ”EL CUERPO DE PERITOS CONTADORES
DE LA CORTE SUPREMA MIENTE PARA OCULTAR UNA ESTAFA COLOSAL” donde relatamos con
pelos y señales la actuación del Ministerio de Economía que fue en principio
convalidada por aquel cuerpo de contadores. Luego, cuando este último vio el
cariz público que tomaba su actuación y la determinación que tenía mi parte que
la verdad se conociera, renunció a hacer la pericia contable. Había quedado
claro que terminaría preso el contador que había suscripto un dictamen mendaz,
si insistiera con su reprobable conducta. El caso lo resolvió finalmente la Sra.
Juez de la causa dándole toda la razón a los acreedores
reclamantes.
El 4 de julio de 2014 se volvió a abordar el tema en el
articulo aparecido en el Informador
Público titulado:
“Debemos exigir al Congreso Nacional que termine con el desquicio institucional
que padecemos”.
En 22 de julio de 2014 se trató nuevamente el tema en el
artículo aparecido en el Informador Público titulado “EL GOBIERNO NACIONAL YA
ESTÁ EN CESACIÓN DE PAGOS”.
El 26 de agosto de 2014 publicamos en el Informador
Público “EN 2001 UN
“DEFAULT”, OTRO MAS EN 2014…PASANDO POR LA CONFISCACIÓN DE 2005… Y OTROS
DESPOJOS”. En este trabajo se trató el tema que nos
ocupa.
El 22 de Diciembre de 2014 publicamos también en el Informador
Público otro artículo
sobre la defraudación motivo de esta denuncia: “LOS FISCALES FEDERALES DEBEN
ACTUAR ENÉRGICAMENTE ANTE LAS MILES DE ESTAFAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE
ECONOMIA A LOS ACREEDORES DEL ESTADO DESDE 1997 A LA FECHA.” Más directo
y más frontal no se puede ser. Los Sres. Fiscales Federales no hicieron nada.
Nada de nada.
CONCLUSIÓN:
Pese a estas publicaciones -más las intervenciones del
suscripto en la prensa oral, televisión y radios incluidas, más el envío de las
mismas a las 15.400 personas físicas y jurídicas que reciben quiénes figuran en
el correo personal del autor de esta nota- el Ministerio de Economía ha guardado
silencio, lo que demuestra que es culpable de lo que se le achaca. Si fuera
inocente ya se habría presentado a la justicia federal acusando a mi parte por
falsa denuncia o por verter imputaciones falsas. Su silencio lo condena porque
tiene obligación legal de esclarecer el punto y no lo ha hecho y, además, POR LA
DIFUSIÓN QUE HA RECIBIDO SU CONDUCTA ILEGAL.
Decenas de miles de personas víctimas de este atropello
aguardan que la Auditoría General de la Nación investigue la conducta del
Ministerio de Economía e informe al Poder Legislativo del acto ilícito
realizado. Es ineludible que se estudie lo ocurrido que ya tiene estado público
y se informe al Congreso Nacional. ESTAN EN JUEGO LA MÁXIMA GARANTÍA
CONSTITUCIONAL ARGENTINA QUE ES LA DIVISIÓN DE LOS PODERES Y LA EXISTENCIA DE LA
REPÚBLICA.
Juan José
Guaresti (nieto)
@juanjoguaresti