jueves, 19 de octubre de 2017
miércoles, 6 de mayo de 2015
Denuncia contra el Ministerio de Economía presentada a la Auditoría General de la Nación por quedarse con bonos de los acreedores del Estado
Denuncia contra el
Ministerio de Economía presentada a la Auditoría General de la Nación por
quedarse con bonos de los acreedores del
Estado
por Juan José
Guaresti • 02/05/2015 • 1
Comentario
Se ha presentado una denuncia a la
Auditoria General de la Nación por el suscripto en la que se solicita se
investigue al Ministerio de Economía por pagar de menos a los acreedores del
Estado que le ganaron juicios comprendidos en la ley 23.982 (y leyes
posteriores) de consolidación de deuda pública. Esta operatoria que es una
verdadera defraudación, se viene realizando desde mediados de 1997 y tiene
decenas de miles de damnificados, repartidos en toda la
Nación.
La defraudación consiste en pagarles una suma inferior a
la que surge de las sentencias que recayeron en esas causas para lo cual se
recurre a la estratagema de multiplicar indebidamente el resultado de las
decisiones judiciales por una cifra inferior a la unidad y abonar la cifra de
bonos de consolidación que surge de esta operación que desde luego, es también
inferior a la debida. Se trata de un acto ilícito que ha perjudicado a decenas
de miles de personas sin perjuicio de humillar al Poder Judicial de la
Nación.
LA ACTUACIÓN DEL CITADO ORGANISMO OFICIAL QUE
CONTRAVIENE EL MANEJO DE LOS FONDOS A SU CARGO Y VIOLA LAS LEYES, DEBE SER
INVESTIGADA POR LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y EL RESULTADO DEBE SER
INFORMADO AL CONGRESO DE LA NACIÓN.
Los damnificados .no son uno ni cincuenta o cien sino
que son, como dijimos, decenas de miles de administrados o sean todos o casi
todos quiénes han presentado desde la fecha indicada de 1997 hasta el momento en
que esto se escribe, sus requerimientos de pago debidamente conformados por los
organismos de contralor entre los cuáles se debe destacar a la Sindicatura
General de la Nación. Esos requerimientos de pago en los cuáles se ordenaba el
pago de decenas de miles de sentencias judiciales según la cantidad correcta que
surgía de los autos y de los expedientes administrativos de contralor, fueron
cumplidos solamente en parte por el Ministerio de Economía de la Nación ,
BURLANDO DESDE LUEGO LO DISPUESTO POR LA SINDICATURA GENERAL DE LA
NACIÓN.
SE TRATA DE UNA MEGA ESTAFA PERPETRADA POR EL MINISTERIO
DE ECONOMIA DE LA NACION DE LA CUAL LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION DEBE
INFORMAR AL CONGRESO DE LA NACIÓN.
La consecuencia institucional de lo que HA HECHO Y SIGUE
HACIENDO el Ministerio de Economía es demoler la doctrina de la separación de
los poderes y hacer inocuo el contralor que ejercita el Poder Judicial sobre el
Poder Ejecutivo cuando dicta sentencia que es una de las bases sobre las cuales
se asienta la República, en decenas de miles de expedientes. ESTO ES
GRAVISIMO.
NO CABE DUDA QUE LOS PAGOS INSUFICIENTEMENTE REALIZADOS
CORRESPONDEN A PERSONAS QUE NO ESTÁN EN CONDICIONES DE DEFENDERSE PORQUE NO
TIENEN ESTUDIOS DE ABOGADOS Y CONTADORES IMPORTANTES QUE LOS
ASISTAN.
Las grandes empresas que tienen a su servicio
importantes organizaciones que pueden asesorarlas a la perfección y también los
amigos del poder, deben haber cobrado lo que se le debía pero no es el caso de
las decenas de miles de litigantes a los que nos estamos refiriendo y que
implícita o directamente defendemos. Los abogados normales no menos comúnmente
no estamos capacitados por nuestras incumbencias para escudriñar estas
cuestiones contables y embrollos hechos en la Administración Pública con el
deliberado propósito de ocultar la verdad. Para fundar este acerto podemos decir
que un abogado sabe que el Instituto Nacional de Estadística y Censos falsifica
las cifras que brinda pero no está en condiciones de develar los pormenores de
la trampa de la cual son víctimas el o su cliente. Para ello se requiere una
especialización no habitual.
ESTA ES UNA DENUNCIA RESPECTO DE UNA ESTAFA DE
DIMENSIONES INMENSAS PERPETRADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA QUE TIENE DECENAS
DE MILES DE PERJUDICADOS.
Ante esta denuncia fundada de hechos dolosos que cuando
esto se escribe se siguen perpetrando por un organismo de la Constitución como
es un Ministerio, el lector puede preguntarse ¿un organismo creado por la
Constitución Nacional como es la Auditoría General de la Nación debe intervenir
sin que haya algún requerimiento del Poder Legislativo? Debe hacerlo con y sin
autorización del Poder Legislativo. La Constitución Nacional en el artículo 85
dice que la Auditoría General de la Nación: “Tendrá a su cargo el control de
legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública
centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y
las demás funciones que la ley le otorgue”. El Ministerio de Economía pertenece
a la administración pública y por ende puede y debe ser investigado por la
Auditoría General.
Ese control de legalidad, gestión y auditoría no
requiere que se lo pida el Congreso para ejercitarlo porque la Auditoría General
es un organismo extrapoder que tiene “autonomía funcional” para llevar a cabo su
tarea. Esto no significa que la Auditoria pueda tomar medidas por si sola para
hacer cesar un comportamiento ilegal del Ministerio de Economía. Eso sería
atribuirse funciones que son propias del Congreso. Pero lo que si puede y debe
hacer es informarlo de lo que acontece, previa documentada y cuidadosa
investigación en los términos de su autonomía funcional, en cumplimiento de sus
deberes constitucionales. Si la Auditoría General de la Nación requiriera
órdenes o instrucciones del Congreso para ejercer su cometido, bastaría una
mayoría legislativa circunstancial para que la Auditoría General de la Nación no
pudiera hacer investigaciones que considerara pertinentes para ejercitar el
contralor a su cargo. Sería muy fácil bloquear su
labor.
LA ESTAFA
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA YA TIENE ESTADO
PÚBLICO:
Con anterioridad publicamos el 11 de diciembre de 2013
un artículo en el “Informador
Público” titulado “EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEFRAUDA A LOS
ACREEDORES DEL ESTADO” el cual no puede ser más frontal y directo. Con
posterioridad a éste continuamos informando en distintos medios de prensa la
defraudación gigantesca que perpetra el Ministerio de
Economía.
Véase también el artículo del 27/2/14 publicado también
en elInformador
Público titulado “EL
ESTADO ARGENTINO NO INSPIRA CONFIANZA” donde la defraudación del Ministerio de
Economía se puso nuevamente de manifiesto.
El 1° de abril de 2014 publicamos en el “Informador
Público” el artículo titulado ”EL CUERPO DE PERITOS CONTADORES
DE LA CORTE SUPREMA MIENTE PARA OCULTAR UNA ESTAFA COLOSAL” donde relatamos con
pelos y señales la actuación del Ministerio de Economía que fue en principio
convalidada por aquel cuerpo de contadores. Luego, cuando este último vio el
cariz público que tomaba su actuación y la determinación que tenía mi parte que
la verdad se conociera, renunció a hacer la pericia contable. Había quedado
claro que terminaría preso el contador que había suscripto un dictamen mendaz,
si insistiera con su reprobable conducta. El caso lo resolvió finalmente la Sra.
Juez de la causa dándole toda la razón a los acreedores
reclamantes.
El 4 de julio de 2014 se volvió a abordar el tema en el
articulo aparecido en el Informador
Público titulado:
“Debemos exigir al Congreso Nacional que termine con el desquicio institucional
que padecemos”.
En 22 de julio de 2014 se trató nuevamente el tema en el
artículo aparecido en el Informador Público titulado “EL GOBIERNO NACIONAL YA
ESTÁ EN CESACIÓN DE PAGOS”.
El 26 de agosto de 2014 publicamos en el Informador
Público “EN 2001 UN
“DEFAULT”, OTRO MAS EN 2014…PASANDO POR LA CONFISCACIÓN DE 2005… Y OTROS
DESPOJOS”. En este trabajo se trató el tema que nos
ocupa.
El 22 de Diciembre de 2014 publicamos también en el Informador
Público otro artículo
sobre la defraudación motivo de esta denuncia: “LOS FISCALES FEDERALES DEBEN
ACTUAR ENÉRGICAMENTE ANTE LAS MILES DE ESTAFAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE
ECONOMIA A LOS ACREEDORES DEL ESTADO DESDE 1997 A LA FECHA.” Más directo
y más frontal no se puede ser. Los Sres. Fiscales Federales no hicieron nada.
Nada de nada.
CONCLUSIÓN:
Pese a estas publicaciones -más las intervenciones del
suscripto en la prensa oral, televisión y radios incluidas, más el envío de las
mismas a las 15.400 personas físicas y jurídicas que reciben quiénes figuran en
el correo personal del autor de esta nota- el Ministerio de Economía ha guardado
silencio, lo que demuestra que es culpable de lo que se le achaca. Si fuera
inocente ya se habría presentado a la justicia federal acusando a mi parte por
falsa denuncia o por verter imputaciones falsas. Su silencio lo condena porque
tiene obligación legal de esclarecer el punto y no lo ha hecho y, además, POR LA
DIFUSIÓN QUE HA RECIBIDO SU CONDUCTA ILEGAL.
Decenas de miles de personas víctimas de este atropello
aguardan que la Auditoría General de la Nación investigue la conducta del
Ministerio de Economía e informe al Poder Legislativo del acto ilícito
realizado. Es ineludible que se estudie lo ocurrido que ya tiene estado público
y se informe al Congreso Nacional. ESTAN EN JUEGO LA MÁXIMA GARANTÍA
CONSTITUCIONAL ARGENTINA QUE ES LA DIVISIÓN DE LOS PODERES Y LA EXISTENCIA DE LA
REPÚBLICA.
Juan José
Guaresti (nieto)
@juanjoguaresti
miércoles, 28 de enero de 2015
EL CAMPO DEBE DEFENDERSE
El
campo debe defenderse por Juan José
Guaresti (nieto) ( versión escrita de la exposición brindada en la reunión del
Rotary Club de Buenos Aires que se celebró en el Plaza Hotel, el día 21 de
Enero de 2015 a las 13 horas).
Queridos amigos:
Leon Trotzky sostenía que una
pequeña fuerza insurreccional podía, si se adueñaba de los resortes del poder
de una sociedad, dominarla por entero y terminar con la propiedad privada de
los medios de producción. Esa fuerza debía estar muy bien organizada, carecer
de escrúpulos y actuar despiadada y letalmente. Trotzky puso en ejecución sus
ideas en la ciudad de San Petersburgo en 1917, tomó las usinas, los bancos, los
medios de comunicación y de transporte, se adueñó de los cuarteles, ocupó las
fuentes de agua, etc, etc…y se apoderó de Rusia. Los partidos políticos y la
prensa libre dejaron de existir. Sus hechos hicieron escuela y sus mas aventajados
discípulos fueron Mussolini, Hitler y
otros dictadores que aplicaron con matices propios las enseñanzas de Trotzky. Finalmente,
esas doctrinas mezcla de fascismo, demagogia y marxismo, llegaron a la Argentina. En nuestra Patria el
4 de Junio de 1943 se produjo un golpe de Estado perfectamente organizado de clara
raíz fascista. El nuevo gobierno clausuró los partidos políticos lo mismo que
el Congreso Nacional y coartó la libertad de prensa. Muchos líderes de distinta
extracción política fueron encarcelados o tuvieron que exilarse como Antonio
Santamarina, conservador,Santiago Nudelman radical o Alfredo Palacios,
socialista.
Este nuevo gobierno era una
versión criolla de la dictadura de Mussolini que pretendía terminar con las libertades que
habían permitido llevar a cabo el “milagro argentino” Esas libertades habían
posibilitado crear en un par de generaciones, una nación respetada en el mundo,
en un territorio donde anteriormente poco había que fuera civilizado. El golpe
de Estado de 1943 tenía un rasgo singular que se mantuvo mientras gozó del
poder, que heredaron sus continuadores y
que constituyó un elemento distintivo: Ese gobierno despótico odiaba a quienes
vivían del campo, quienes pasaron a ser denominados “oligarquía vacuna” y dejaron
de ser llamados hacendados y productores
agropecuarios para ser el objeto de toda clase de ataques y denuestos. Se
instaló un aparato de difusión que hizo del campo uno de los blancos favoritos
de una prédica insidiosa que lo hacía aparecer como el origen de los males
argentinos.
El gobierno instalado por la fuerza el 4 de
Junio de 1943 heredó las cuantiosas riquezas acumuladas en oro y créditos durante
la II guerra mundial por gobernantes probos y dignos, y, entre otras obras
públicas vinculadas al agro, recibió una extensa y eficiente red ferroviaria de
unos 45.000 kilómetros de extensión-que en una buena parte o sean unos 12.000
kilómetros- era de propiedad del Estado Argentino, y carreteras que se
empezaron a construir en 1932 a un ritmo impresionante. Todo ello abarataba enviar
a los puertos y lugares de consumo la producción agropecuaria. A partir del 4
de Junio de 1943 y sobre todo con el
advenimiento del gobierno elegido en Febrero de 1946 que era la
continuación de la Revolución fascista
de 1943, el ataque contra el campo se hizo mucho mas evidente: Se disminuyeron
los precios que remuneraban la producción al par que se atacó a la propiedad de
la tierra mediante leyes de alquileres que literalmente despojaban a los
propietarios. La doctrina fascista-trotzquista que enarbolaban sus líderes no
tolera la propiedad privada de los medios de producción porque ella es el
fundamento de la libertad del hombre. Cuatro años mas tarde las riquezas
mencionadas habían sido dilapidadas por la mala administración de funcionarios
incompetentes por decir lo menos, los ferrocarriles habían entrado en franca
decadencia, las carreteras no se construían al
ritmo de antaño y en lo que concierne a la producción agropecuaria había
descendido al extremo que faltaba trigo y a la harina se la tenía que “estirar”
mezclándola con mijo. El autobastecimiento de los combustibles, meta que se la
consideraba cercana a fines de la década de los años 30, no fue posible ni en
los años 40 ni 50 y originó una factura elevadísima que se pagó en términos de
subdesarrollo y pobreza.
Como
era la Argentina antes del fascismo y despues:
En los años previos a la revolución
fascista de 1943, entre los partidos
principales que eran el radical, el conservador, el socialista y la
democracia progresista había disidencias importantes pero había también
coincidencias fundamentales: En lo político todos apoyaban la Constitución de
1853, la división de los poderes, la existencia de partidos políticos, la
libertad de prensa, la justicia independiente, la probidad de los funcionarios
políticos, y que los partidos y los hombres no se perpetuaran en el poder. En aquella época nadie dudaba que el campo era
una base fundamental de la vida argentina que había que cuidar y estimular. La
opinión pública argentina sabía que su riqueza agrícola ganadera era esencial para
conseguir las divisas que requería su desenvolvimiento y las exigencias de la
industria nacional que se estaba desarrollando muy enérgicamente al extremo que
en 1933 el producto bruto industrial había alcanzado al producto bruto
agropecuario. El golpe bestial a la propiedad privada de los medios de producción y la demolición
de la riqueza agropecuaria está en el corazón de la prédica fascista que
se introdujo en nuestro medio desde 1943
además de la inflación que era su inevitable consecuencia. La inflación es un
impuesto disimulado que gravitó especialmente sobre el campo porque en nombre
de doctrinas económicas indefendibles, por un lado se emitía moneda para pagar
gastos del Estado que no tenían justificación posible y por la otra fijaron el
tipo de cambio para el agro de manera que por sus productos le daban el equivalente
en pesos de pocos dólares.
El precio barato que se había
fijado a la producción agropecuaria ayudaba a contener la inflación….sobre la
base que las consecuencias de esta
última las pagaba el agro argentino. Por su trigo, su carne, su vino, su maíz, sus
manzanas, su trigo, su lino u otros frutos
de la tierra, al agro les daban- y les dan- pocos pesos, mientras los distintos
gobiernos desde hacen muchos años venden
esos productos en dólares en los mercados mundiales a los valores reales,
quedándose con la diferencia para dilapidarla a su antojo. Por último debemos
señalar que en el ámbito institucional, en el período inaugurado en Junio de
1946 se destituyó a la Corte Suprema primero
y a muchos otros jueces de Tribunales de
menor rango después, y, entre otros actos de neto corte fascista, se permitió
la reelección del Primer mandatario. La independencia del Poder Judicial se transformó en un
recuerdo de la perdida República cuyas instituciones esenciales fueron
destruidas.
EL
CAMPO NO RESPONDIO-O tal vez no pudo
hacerlo-AL ATAQUE DEL QUE ERA VÍCTIMA: PARECERÍA QUE EN REALIDAD TODAVÍA NO SE HA DADO CUENTA CLARA
Y PLENAMENTE QUE EL “SISTEMA” DE PRECIOS
DE SU PRODUCCION SE SUSTENTA EN EL
“DEDO” DEL FUNCIONARIO PÚBLICO Y NO EN LA OFERTA Y LA DEMANDA MUNDIALES.
Ante aquella ofensiva contra
el campo que tenía origen en la negación de las instituciones de la Constitución
de 1853 por la corriente fascista-trotzquista
introducida en 1943, los productores debieron organizarse contra ella, pero no
lo hicieron, o no pudieron hacerlo, en la dimensión debida. No enfrentaron la
realidad como lo hicieron sus colegas productores de otras naciones, para
combatir aquellas ideas y esas prédicas que erosionaron los principios que
permitieron transformar al desierto que era la Argentina, en una nación que se
sentaba de igual a igual con las mas importantes de la tierra.
Los hombres de campo trabajan
como poseídos “tranqueras adentro” pero aún
no se han percatado, hablando en términos generales, que lo
que los gobiernos les pagan arbitrariamente a los productores como fruto de su
esfuerzo, es mucho menos que los precios reales que surgen de la oferta y la demanda en los
mercados mundiales. El hombre de campo todavía no se ha dado cuenta cabal que cuanto
mas ingenio y capacidad técnica exhiba, cuanto mas produzca, lo que obtenga le servirá para mantenerse y
nada mas, porque la idea fascista trotzquista en boga es que no tenga
utilidades y que estas queden en manos del gobierno. Las denominadas “retenciones” es el nombre con el cuál se disimula una
verdadera exacción ilegal que tiene como beneficiarios a empleados públicos de
escasas aptitudes que ingresaron a sus cargos simplemente por “acomodo”, o, también,
favorecer a quiénes utilizan productos agropecuarios como insumos, o
realizar gastos públicos mas
o menos disparatados. El hombre de campo debe defenderse trabajando también
“tranqueras afuera”, en la difícil arena de la opinión pública.
SI LOS PROPIETARIOS RURALES Y
TODOS AQUELLOS QUE VIVEN DEL CAMPO QUIEREN SEGUIR SIENDO DUEÑOS DE SU PROPIEDAD, DEBEN ORGANIZARSE PARA DEFENDERLA CON TANTA
EFICIENCIA COMO TUVIERON SUS ADVERSARIOS PARA DEMOLER LAS INSTITUCIONES
REPUBLICANAS ARGENTINAS.
Quienes obtienen sus medios
de vida del campo, sean propietarios rurales o les suministren servicios o
maquinarias o lo que fuera, deben asumir la realidad y unirse férreamente para
defenderse sobre la base que sin esa unión, individualmente no valen nada. Deben
sacar una parte de lo poco que les deja su
establecimiento para contratar periodistas, audiciones de radio y televisión,
estudios jurídicos y contables, hacer reuniones públicas permanentemente,
buscar líderes de valor sanmartiniano, y mostrar a los productores y a quienes no lo sean, que el
campo es un pilar fundamental del desarrollo argentino. No debe quedar duda ninguna
en cada pueblo y en cada distrito, que quienes quieran acceder a una representación política de la índole que
fuera, deberán atender a los productores
agropecuarios, como a quiénes están vinculados al agro de cualquier manera que
sea, escuchar sus reclamos y
constituirse en sus defensores.
Los productores se han
transformado en la Argentina en verdaderos siervos que aparentemente son propietarios
de un pedazo de tierra, pero a quiénes gobiernos de corte trotzquista-fascista están
despojando de su propiedad mediante simples resoluciones administrativas,
trabas burocráticas o, entre otras hazañas, demoliendo los ferrocarriles que fueron
un medio de transporte, barato y seguro para el agro y que virtualmente no
existen mas. Tenemos que reaccionar contra estas doctrinas y conductas que nos
han llevado al descrédito internacional y a perder la confianza en nosotros
mismos. El campo debe defenderse con idéntico valor que tuvieron varios miles
de argentinos que atravesaron los Andes primero para asegurar su independencia,
y enfrentaron y dominaron después la soledad y el desierto y que ofrecieron siempre
la libertad a todos como guía y enseña de paz y de progreso.
lunes, 22 de diciembre de 2014
Los Fiscales Federales deben actuar enérgicamente ante las miles de estafas realizadas por el Ministerio de Economía a los acreedores del Estado desde 1997 a la fecha
Los Fiscales Federales deben actuar enérgicamente ante las miles de estafas realizadas por el Ministerio de Economía a los acreedores del Estado desde 1997 a la fecha
Desde varios años atrás, en las corajudas columnas del Informador Público y otras no menos valerosas publicaciones de radio y televisión, nos hemos ocupado de las miles de estafas realizadas por el Ministerio de Economía desde mediados de 1997 a la fecha para pagar de menos las sentencias judiciales concebidas en bonos de la deuda pública y burlar tanto al Poder Judicial de la Nación como a los acreedores del Estado. Los Sres. Fiscales Federales deben intervenir en cumplimiento de sus deberes ante esta situación que no es un hecho aislado sino que es una política dolosa que ya tiene por víctimas a decenas de miles de personas.Se debe realizar la investigación que corresponda y formular los cargos pertinentes a sus autores. Si bien lo explicaremos con mas detalle mas abajo, la defraudación que lleva a cabo el Ministerio de Economía se realiza mediante un acto de notable sencillez: Multiplica ilegalmente por un coeficiente inferior a la unidad la cantidad de bonos que tiene que pagar a sus acreedores según las sentencias judiciales recaídas en los juicios que ha perdido y solamente les paga el resultado de esa operación. El lector sabe que si le deben 10.000 bonos según una sentencia judicial y se los multiplican ilegalmente por 0,75, para poner un ejemplo tomado de la sobrecogedora realidad, o cualquier coeficiente inferior a la unidad, le van a pagar menos de lo que le deben. En el caso le van a entregar 7500 bonos…con lo que el Ministerio de Economía “ahorra” mucho dinero porque las víctimas son decenas de miles repartidos en toda la nación. Si este ingenio lo utilizara este relevante segmento de la Administración Pública para tomar medidas acertadas propias de su esfera de competencia en vez de las que estamos relatando, nos permitimos asegurar al lector que abandonaríamos el estado de quiebra en que nos hallamos y de la noche a la mañana nos convertiríamos en un país acreedor, como lo fuimos hasta el 4 de junio de 1943, y no un deudor moroso recalcitrante y en desacato como lo somos actualmente.
Lo dicho más arriba apareció en distintos medios de prensa escrita, radios y televisión desde unos cuatro años atrás, como hemos dicho, pero todo esta como era entonces. Por ese motivo se solicita mediante estas cuartillas que los Sres. fiscales actúen de inmediato ante los hechos denunciados y hagan respetar la constitución y la ley a los funcionarios involucrados.
El descubrimiento de la estafa perpetrada por el Ministerio de Economía se realizó hacen algunos años atrás cuando un abogado se puso a revisar las cuentas en los autos: “ Carril, Juan Manuel y otros c/Producciones Argentinas de Televisión S.A. s/cobro de pesos” que tramitaban en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 21 (expte.16697/84) que sustentaban los bonos que le habían entregado para sus clientes. Se percató que la cantidad de bonos que se le había entregado en nombre del Estado Nacional no alcanzaba en valores reales ni siquiera a cancelar el capital originario, aun sin contar los intereses devengados desde el momento en que el Estado comenzó a pagar dichos bonos.
En el caso mencionado se entregó a los acreedores 16.306,7880 bonos cuarta serie, con un valor residual del 0,7732 en lugar de los 21.090 bonos con un valor residual de 0,7732 que era lo que correspondía. El “valor residual” es lo que le queda a bono a medida que se van pagando los cupones de amortizaciones de intereses y capital.
A los acreedores les correspondían 21.090 bonos que eran el resultado de añadir a los 15678 bonos que les correspondían originariamente, los 5412 bonos que sustituían los 27 cupones que se habían perdido por el transcurso del tiempo transcurrido. La suma de 15.678 bonos más los 5412 bonos aludidos, alcanza a los 21.090 bonos ex cupón 27 o sea con un valor residual de 77,32 % que debieron entregarles y no lo hicieron.
¿Qué hizo el Ministerio de Economía para disminuir el pago debido y defraudar a los acreedores? Muy sencillo: Multiplicó la cantidad adeudada de 21.090 bonos, que tenían un valor residual de 77,32%, por esta última cifra. A los 21.090 bonos que tenían el 77,32% de valor residual se los multiplicó por este porcentaje. ¿Cuál es la razón matemática para hacer esto? NINGUNA…EL PROPÓSITO FUE SENCILLAMENTE REDUCIR ILEGALMENTE EL MONTO A PAGAR. El resultado de multiplicar ilegalmente los 21.090 bonos por 0,7732 dio la cantidad que les pagaron: 16.306,788 bonos.
¿Cómo terminó esta discusión? Fue analizada por la entonces Secretaria del Juzgado Dra. Rosalía Romero, experta en estas cuestiones quien afirmó que el Estado había reconocido en distintas oportunidades deberle a los actores 21.090 bonos pero les entregaron solo 16.306,7880 bonos. La sentencia de 1era. Instancia dispuso que se pagara la diferencia resultante, menos algún pago que se había hecho. En segunda instancia la sentencia fue confirmada y quedó consentida.
El Estado Nacional no pagó un cobre de lo que debía pagar según la sentencia recaída en el pleito aludido más arriba
A partir del momento en que perdió el pleito mencionado en este artículo el Estado Nacional se lanzó a realizar, como es habitual en la actual administración, toda clase de argucias procesales para no cumplir la decisión judicial. Como no pudo estafar a las actoras, apelo a obstruir el procedimiento y no les pagó un cobre. Consiguió estacionar este pleito en la Corte Suprema donde se encuentra desde hacen mas de dos años sin que se resuelva, sosteniendo falsamente que una ley posterior a la sentencia que había hecho cosa juzgada, le permite pagar con bonos distintos a los que surgen de la sentencia y, además, menos que la cantidad adeudada. Contrariamente a lo que dice el Estado Nacional, la ley que menciona lo OBLIGA a pagar la sentencia con los bonos que surgen de ésta a los acreedores, pero como la decisión del Estado Nacional es no cumplir las sentencias en los pleitos que pierde, interpreta las leyes haciéndoles decir lo que no dicen, de manera que los victoriosos acreedores hacen 30 años que no perciben su dinero…EL ESTADO CONTINÚA HASTA LA FECHA DEFRAUDANDO A LOS ACREEDORES
El lector pensará que luego de esta sentencia que hemos tomado como ejemplo y ante la evidencia de la falsedad incurrida, el Estado Nacional habrá modificado su actitud y se habrán terminado las defraudaciones. Lamentablemente no es así. El Estado Nacional sigue actuando como si nada hubiera pasado. Es obvio queLos fiscales deben intervenir enérgicamente ante los hechos relatados en este trabajo, investigar los mismos y formular los cargos correspondientes a sus autores. La misión de los fiscales surge de la constitución nacional luego de su reforma y deben intervenir de oficio en defensa de los derechos de los habitantes y, desde luego, en situaciones como las descriptas. Es inadmisible que el estado nacional defraude a los acreedores y luego, si es descubierto, tampoco pague lo que debe, y que, encima, sobre todos estos delitos, reine la más absoluta impunidad.
La inconducta del Estado nacional ha llegado a su punto máximo, si consideramos que luego de haberse demostrado y publicado en distintos medios periodísticos las decenas de miles de estafas que ha perpetrado, sigue defraudando a sus acreedores con el entusiasmo de siempre.
Juan José Guaresti (nieto)
@juanjoguaresti
Jueces valientes, estafas del Estado y… jueces y fiscales cómplices (I)
Jueces valientes, estafas del Estado y… jueces y fiscales cómplices (I)
Desde hace unos 18 años, día mas o día menos, el Ministerio de Economía lleva a cabo distintas formas de defraudar a los acreedores del Estado, mientras nuestros fiscales y los legisladores adictos al gobierno contemplan impávidos estafas colosales que en muchos supuestos son conocidas por el gran público. Para poner un ejemplo, diremos que los fiscales que integran nuestro Ministerio Público no han advertido desde el cuarto trimestre de 2007 que el índice de precios al consumidor ni por ende, el índice que mide la producción total del país, son falsificados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en una forma tan grosera que no resiste al menor análisis científico.
Estos dos índices tienen una gran influencia en la deuda pública porque parte de ella se indexa para reestablecer su valor real, utilizando el índice de precios al consumidor, coeficiente por el cual hay que multiplicar la deuda pública para saber cuanto valen realmente los bonos que componen aquella y no disminuir deslealmente los derechos de los acreedores.
La falsificación de ese índice se estableció como política gubernamental para defraudar a quiénes confiaron en la honorabilidad del Estado argentino: El ardid funcionó “de maravilla”, entre otras razones por la pasividad de fiscales que no tuvieron ninguna actuación sobre el particular y de esta manera se consiguió estafar a decenas de miles de personas, nacionales y extranjeros. Los inventores de tan gigantesco delito, no fueron ni siquiera llamados a declarar ni denunciados por ningún fiscal. Lo “malo” de la falsificación de los “índices” de precios brindando menores guarismos que lo que son, es que la ciencia económica enseña que esa falsificación hace aparecer como mayor de lo real el crecimiento de la economía…y por ende ha acrecentado lo que hay que pagar por los cupones en dólares emitidos por el Estado argentino que están vinculados al crecimiento del producto bruto interno.
Otra muy interesante estratagema utilizada por el Ministerio de Economía que ha tenido bastante éxito, consiste en pagar menos que lo que indican los requerimientos de pago de los pleitos perdidos por el Estado. Esos requerimientos de pago son instrucciones que ingresan las autoridades a la Secretaría de Hacienda y expresan en su texto la cantidad a pagar y la fecha de nacimiento de la obligación del Estado que fue el 1/4/91 establecido por la ley 23.982. En lugar de pagar lo que dice el texto legal, que no puede ser otro que la fecha de nacimiento de la obligación del Estado que fue como dijimos el 1/4/91, la Secretaría de Hacienda en las ocasiones a las que se alude en este artículo paga una cantidad menor sosteniendo que la fecha de nacimiento del derecho del particular, fue la fecha en que ingresó el documento a la Secretaría de Hacienda, o sea unos cinco años posterior a la fecha de nacimiento de la obligación que, reiterémoslo, fue el 1/4/91. La mayoría de las víctimas no se da cuenta de la superchería pese a que los requerimientos de pago dicen en todos los casos la cantidad a pagar realmente, la fecha en que nació el crédito de los actores, el tipo de bono en que debe pagarse y la firma de los encumbrados funcionarios de la Administración Pública responsables del pago. Preciso es señalar que cuando los requerimientos de pago llegan a la Secretaría de Hacienda han pasado por seis organismos que han escrutado la exactitud y legalidad de su contenido y dictaminado sobre él. Si hubiera errores, esos documentos son rechazados y devueltos a los organismos que los emitieron.
Los dictámenes administrativos dijeron todos que la fecha de nacimiento de la obligación del Estado fue el 1/4/91.
En unos 200 casos que conocemos en los cuáles se tramitó un expediente administrativo porque los demandantes actores ofertaron una transacción en los términos de la ley 23.982, la Secretaría de Hacienda pagó de menos y sostuvo que la fecha de nacimiento de la obligación, no era el 1/4/91 sino una fecha cinco años posterior, en que se firmó la transacción. Cuando se descubrió el pago insuficiente de la cantidad adeudada, llego el caso a los
Tribunales del Trabajo capitalinos. En la mayoría de los supuestos los Magistrados del Trabajo dictaron sentencia contra las constancias de la causa que consistían en el expediente administrativo de rigor y en los requerimientos de pago. En el expediente los cuatro organismos oficiales que debían obligatoriamente dictaminar, habían manifestado que la fecha de nacimiento de la obligación era el 1/4/91.
La resolución oficial que dio vía libre a la transacción aludida, partió del supuesto que la fecha de nacimiento de la obligación del Estado era el 1/4/91 que surgía de los dictámenes de los organismos consultados.
Una vez decidida la transacción se confeccionaron los requerimientos de pago, que en todos los casos decían en forma impresa que la fecha de nacimiento de la obligación era el 1/4/91. La cantidad a entregar a los acreedores del estado era igual en todos los supuestos.
En ningún caso hubo una sentencia que dijera otra fecha u otra cantidad que la que surgía del expediente.
Pese a esta rotunda corroboración de lo que surgía del expediente administrativo Tanto los fiscales que intervinieron en 2da. Instancia como buena parte de los magistrados de 1era. y 2da. Instancia, dictaron sentencia o emitieron dictámenes contra pruebas escritas que estaban firmadas por funcionarios públicos y cuya veracidad era intachable.
Unas pocas palabras definen su conducta: Mintieron PARA FAVORECER AL ESTADO LITIGANTE.
NO OBSTANTE LO DICHO MAS ARRIBA Hay Jueces probos y valientes de cuyo ejemplo vendrá la reorganización moral del Poder Judicial:
Pese a lo expuesto, existen jueces que, cuidadosamente, con afán de justicia y pulcritud de orfebres estudiaron minuciosamente las causas que hemos comentado mas arriba y no se dejaron intimidar por el hecho que el Estado era el litigante. Resolvieron en magníficos trabajos que las pruebas eran irrefutables y dieron la razón a los demandantes. Por su coraje e integridad vamos dar sus nombres:
Diana Regina Cañal, Oscar Zas, Estela Milagros Ferreiros, Luis Alberto Catardo, Víctor A. Pessino. Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, Gabriela Alejandra Vázquez y Lilia Funes Montes. Los nombres de los Jueces y Fiscales que dictaron sentencia o dictaminaron contra lo que decían documentos públicos absolutamente veraces o sea que burlaron el juramento que hicieron al aceptar el cargo, no los vamos a mencionar -aunque quizá los demos a conocer en un futuro-porque como diría Hamlet, son sólo silencio.
Juan José Guaresti (nieto)
@juanjoguaresti
Desde hace unos 18 años, día mas o día menos, el Ministerio de Economía lleva a cabo distintas formas de defraudar a los acreedores del Estado, mientras nuestros fiscales y los legisladores adictos al gobierno contemplan impávidos estafas colosales que en muchos supuestos son conocidas por el gran público. Para poner un ejemplo, diremos que los fiscales que integran nuestro Ministerio Público no han advertido desde el cuarto trimestre de 2007 que el índice de precios al consumidor ni por ende, el índice que mide la producción total del país, son falsificados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en una forma tan grosera que no resiste al menor análisis científico.Estos dos índices tienen una gran influencia en la deuda pública porque parte de ella se indexa para reestablecer su valor real, utilizando el índice de precios al consumidor, coeficiente por el cual hay que multiplicar la deuda pública para saber cuanto valen realmente los bonos que componen aquella y no disminuir deslealmente los derechos de los acreedores.
La falsificación de ese índice se estableció como política gubernamental para defraudar a quiénes confiaron en la honorabilidad del Estado argentino: El ardid funcionó “de maravilla”, entre otras razones por la pasividad de fiscales que no tuvieron ninguna actuación sobre el particular y de esta manera se consiguió estafar a decenas de miles de personas, nacionales y extranjeros. Los inventores de tan gigantesco delito, no fueron ni siquiera llamados a declarar ni denunciados por ningún fiscal. Lo “malo” de la falsificación de los “índices” de precios brindando menores guarismos que lo que son, es que la ciencia económica enseña que esa falsificación hace aparecer como mayor de lo real el crecimiento de la economía…y por ende ha acrecentado lo que hay que pagar por los cupones en dólares emitidos por el Estado argentino que están vinculados al crecimiento del producto bruto interno.
Otra muy interesante estratagema utilizada por el Ministerio de Economía que ha tenido bastante éxito, consiste en pagar menos que lo que indican los requerimientos de pago de los pleitos perdidos por el Estado. Esos requerimientos de pago son instrucciones que ingresan las autoridades a la Secretaría de Hacienda y expresan en su texto la cantidad a pagar y la fecha de nacimiento de la obligación del Estado que fue el 1/4/91 establecido por la ley 23.982. En lugar de pagar lo que dice el texto legal, que no puede ser otro que la fecha de nacimiento de la obligación del Estado que fue como dijimos el 1/4/91, la Secretaría de Hacienda en las ocasiones a las que se alude en este artículo paga una cantidad menor sosteniendo que la fecha de nacimiento del derecho del particular, fue la fecha en que ingresó el documento a la Secretaría de Hacienda, o sea unos cinco años posterior a la fecha de nacimiento de la obligación que, reiterémoslo, fue el 1/4/91. La mayoría de las víctimas no se da cuenta de la superchería pese a que los requerimientos de pago dicen en todos los casos la cantidad a pagar realmente, la fecha en que nació el crédito de los actores, el tipo de bono en que debe pagarse y la firma de los encumbrados funcionarios de la Administración Pública responsables del pago. Preciso es señalar que cuando los requerimientos de pago llegan a la Secretaría de Hacienda han pasado por seis organismos que han escrutado la exactitud y legalidad de su contenido y dictaminado sobre él. Si hubiera errores, esos documentos son rechazados y devueltos a los organismos que los emitieron.
Los dictámenes administrativos dijeron todos que la fecha de nacimiento de la obligación del Estado fue el 1/4/91.
En unos 200 casos que conocemos en los cuáles se tramitó un expediente administrativo porque los demandantes actores ofertaron una transacción en los términos de la ley 23.982, la Secretaría de Hacienda pagó de menos y sostuvo que la fecha de nacimiento de la obligación, no era el 1/4/91 sino una fecha cinco años posterior, en que se firmó la transacción. Cuando se descubrió el pago insuficiente de la cantidad adeudada, llego el caso a los
Tribunales del Trabajo capitalinos. En la mayoría de los supuestos los Magistrados del Trabajo dictaron sentencia contra las constancias de la causa que consistían en el expediente administrativo de rigor y en los requerimientos de pago. En el expediente los cuatro organismos oficiales que debían obligatoriamente dictaminar, habían manifestado que la fecha de nacimiento de la obligación era el 1/4/91.
La resolución oficial que dio vía libre a la transacción aludida, partió del supuesto que la fecha de nacimiento de la obligación del Estado era el 1/4/91 que surgía de los dictámenes de los organismos consultados.
Una vez decidida la transacción se confeccionaron los requerimientos de pago, que en todos los casos decían en forma impresa que la fecha de nacimiento de la obligación era el 1/4/91. La cantidad a entregar a los acreedores del estado era igual en todos los supuestos.
En ningún caso hubo una sentencia que dijera otra fecha u otra cantidad que la que surgía del expediente.
Pese a esta rotunda corroboración de lo que surgía del expediente administrativo Tanto los fiscales que intervinieron en 2da. Instancia como buena parte de los magistrados de 1era. y 2da. Instancia, dictaron sentencia o emitieron dictámenes contra pruebas escritas que estaban firmadas por funcionarios públicos y cuya veracidad era intachable.
Unas pocas palabras definen su conducta: Mintieron PARA FAVORECER AL ESTADO LITIGANTE.
NO OBSTANTE LO DICHO MAS ARRIBA Hay Jueces probos y valientes de cuyo ejemplo vendrá la reorganización moral del Poder Judicial:
Pese a lo expuesto, existen jueces que, cuidadosamente, con afán de justicia y pulcritud de orfebres estudiaron minuciosamente las causas que hemos comentado mas arriba y no se dejaron intimidar por el hecho que el Estado era el litigante. Resolvieron en magníficos trabajos que las pruebas eran irrefutables y dieron la razón a los demandantes. Por su coraje e integridad vamos dar sus nombres:
Diana Regina Cañal, Oscar Zas, Estela Milagros Ferreiros, Luis Alberto Catardo, Víctor A. Pessino. Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, Gabriela Alejandra Vázquez y Lilia Funes Montes. Los nombres de los Jueces y Fiscales que dictaron sentencia o dictaminaron contra lo que decían documentos públicos absolutamente veraces o sea que burlaron el juramento que hicieron al aceptar el cargo, no los vamos a mencionar -aunque quizá los demos a conocer en un futuro-porque como diría Hamlet, son sólo silencio.
Juan José Guaresti (nieto)
@juanjoguaresti
miércoles, 19 de noviembre de 2014
En 2001 un “default”, otro más en 2014… pasando por la confiscación de 2005… y otros despojos
En 2001 un “default”, otro más en 2014… pasando por la confiscación de 2005… y otros despojos
Cuando se desató la crisis de 2001 el dólar llegó a valer $ 3,90 en la plaza local que era una exageración y comenzó a descender hasta valer menos de $ 3,00. La devaluación del peso -y buenos precios internacionales- alentaron las exportaciones y las inversiones extranjeras. Lamentablemente en lugar de aprovechar de esta bonanza, se realizaron gastos públicos sin justificación, se fijaron impuestos que eran verdaderas exacciones, se hicieron designaciones de empleados claramente inconstitucionales porque no se demostraba en forma objetiva su idoneidad, se incurrió en la falsificación de los índices estadísticos y, nuevamente, un tipo de cambio retrasado, desalentó la producción argentina. Parecería que el gobierno odiara a las actividades agropecuarias y a las inversiones nacionales y extranjeras en la industria, que son el histórico motor del desarrollo argentino. Otro factor de la caída de las inversiones es el descrédito internacional diseminado por el incumplimiento de los compromisos contraídos tanto por el Estado y por las instituciones bancarias instaladas en el país. La prueba que las deudas se pudieron reestructurar en mucha mejor condición para los acreedores y evitarnos el descrédito consiguiente así como la degradación económica que trajo inevitablemente aparejada, la brindó el presidente de la Sociedad Rural Argentina quién dijo en su histórico discurso en la apertura de la Exposición de la Sociedad Rural del año pasado, que se habían ido del país en los cinco años precedentes 85.000 millones de dólares… Cabe preguntarse: ¿cuántas decenas de miles de puestos de trabajo genuino se perdieron por no establecer honrosas condiciones de cancelación de las deudas, actitud que hubiera demostrado la integridad y altura de miras del gobierno argentino? Uruguay también cayó en cesación de pagos pero reestructuró sus obligaciones sin despojar a los acreedores… lo que le garantizó recibir inversiones genuinas y elevar el nivel de vida de sus habitantes.
El 4 de junio de 1943, quienes depusieron al gobierno constitucional del Dr. Castillo sabían que la Argentina era riquísima y un país acreedor de muchas naciones, amen de los verdaderos tesoros que se guardaban en el Banco Central. Seguramente esa fortuna colosal exaltó su codicia y generó el golpe de Estado…pero a los pocos años el gobierno que surgió de esa revolución tenía dificultades financieras fruto de la dilapidación de aquel apogeo. Desde ese momento estelar las finanzas del Estado han sido generalmente mal manejadas y. cada tanto, los gastos s públicos desmesurados generan inflación. A este hecho hay que añadirle el deficiente manejo de la política económica, todo lo cual termina en crisis de balanza de pagos. Dicho esto último en criollo, no hay dólares para afrontar las deudas ni pagar las importaciones. Normalmente ello ocurre porque se acude a otra idea no menos genial: Se fija un dólar barato que inexorablemente origina que las importaciones sean estimuladas y se reduzca su precio. No menos inevitablemente las exportaciones se vuelven cada vez menos rentables y quienes fabrican lo que se podía exportar, dejan de hacerlo o lo vendan en el mercado interno a precios de liquidación. Un buen ejemplo de esto es la carne vacuna. El final es archiconocido: Faltan divisas, los gobiernos tambalean cuando no se vienen abajo directamente, se origina una devaluación bestial y vuelta a empezar. En vez de corregir los orígenes del mal, que es el pésimo manejo de las finanzas públicas y establecer un valor del dólar adecuado, nuestros gobernantes no encuentran otra salida que endeudarse a tasas cada vez mas caras. Pongo por ejemplo el”blindaje” y el “megacanje” de 2001 que significó endeudar al país a sabiendas que esa deuda era impagable. Los países conducidos por gente seria se endeudan solamente para obtener fondos con los cuáles realizar obras cuyo producido permite pagar las deudas que originaron. En este caso no se había previsto obra alguna.
Otra idea “genial”. A partir de mediados de 1997 para reducir la deuda pública el Ministerio de Economía, multiplica las sentencias contra el Estado Nacional que debe pagar en bonos por un coeficiente inventado menor que la unidad. Para poner un ejemplo: Si se deben 1000 bonos 4ta. Serie “2%” según el Magistrado que dictó sentencia firme o sea que la sentencia no se puede modificar por nada, se la multiplica ilegalmente por 0,73. En consecuencia en vez de pagar 1000 bonos, se le entrega al acreedor 730 bonos. Con la complicidad de la Caja de Valores S.A., se le ha hecho creer a decenas de miles de acreedores del Estado que el pago es correcto. La Caja de Valores S.A., que es una institución privada encargada de hacer los pagos, se presenta a los Juzgados donde esas cifras son cuestionadas y tiene la audacia de decirle a los contadores, abogados y Magistrados intervinientes que las cantidades de bonos que reciben los acreedores después de la multiplicación efectuada SON IGUALES A LAS QUE VERDADERAMENTE SE DEBIÓ ENTREGAR. Esta estafa multimillonaria no la lleva a cabo un defraudador profesional sino el Estado Argentino… con la ayuda de una institución privada. Por el momento sus autores gozan de impunidad… que no les va a durar siempre.
Colofón: En 1890 la Argentina cayó en cesación de pagos por no cumplir un cupón del Banco Baring Brothers. El Dr. Carlos Pellegrini llegó a un acuerdo con los acreedores por el cual la Argentina pagó sustancialmente su deuda. No hubo quejas de nadie. En 1933 el Gobierno del General Agustín P. Justo, radical, se encontró con un problema similar porque tuvo que afrontar las exorbitantes deudas que había dejado la administración depuesta el 6 de septiembre de 1930. Su ministro Dr. Federico Pinedo, socialista independiente, preparó un plan de pagos mediante el cual los acreedores quedaron completamente satisfechos.
Estos dos episodios tienen algunos rasgos en común: De resultas de honrar las deudas y no despojar a los acreedores, crecieron las inversiones notablemente, la economía argentina alcanzó una pujanza extraordinaria y el gobierno respeto mundial. La otra es que ambos gobiernos eran conservadores.
Juan José Guaresti (nieto)
Curso de formación de dirigentes políticos “Miguel Ángel Cárcano”
Curso de formación de dirigentes políticos “Miguel Ángel Cárcano”
El Partido Demócrata de la Ciudad de Buenos Aires tiene el agrado de invitar al lector a formar parte del Curso de formación de dirigentes políticos, el cual lleva el nombre del ilustre hombre público conservador “Miguel Angel Cárcano”, que se realizará en la sede partidaria, Rodríguez Peña 525, Capital (entre Lavalle y Tucumán) desde el miércoles 13 de agosto de 2014 a las 18:30 hs. hasta el miércoles 12 de noviembre de 2014. Las clases se llevarán a cabo todos los miércoles entre las fechas indicadas, comenzarán a las 18:30 horas y durarán aproximadamente una hora. El curso es gratuito con indispensable inscripción previa. La cantidad de lugares disponibles es limitada.El acto inaugural del curso -al cual el lector queda también invitado- se realizará en el lugar, horario y fecha indicados mas arriba. A continuación comenzará la primer clase.
Con este evento se persigue intercambiar conocimientos y experiencias de los expositores con los asistentes sobre diferentes aspectos de la organización política, económica y social relevantes para el país que no son usualmente objeto de estudios en las universidades y también fomentar y exaltar las condiciones de liderazgo de los participantes así como estimular su participación política, sin tener en cuenta su edad o trayectoria previa. Lo importante es su vocación de servicio. En las clases se brindarán conocimientos útiles de teoría y práctica política, económica y legal, relevantes para la vida institucional del país.
El curso persigue promover los valores fundamentales de la convivencia humana y de la república que sustentan el ideario del partido, entre los que se destacan: La libertad humana que fuera la estrella polar que guiara a los fundadores de nuestra Patria, la perspectiva ética de la política que debe estar al servicio de los ciudadanos, basada en la dignidad de la persona humana, la defensa de la familia, el derecho de propiedad privada como bases fundamentales de la organización social. y un orden institucional que aliente la iniciativa privada como motor esencial del progreso genuino y de la movilidad social.
La metodología que se utilizará es la siguiente: Cada expositor desarrollará el tema a su cargo en unos 20 minutos. Luego de su disertación los asistentes podrán participar en el diálogo que tendrá lugar seguidamente, basado en el intercambio de ideas, aclaraciones y preguntas de los presentes entre sí y con el expositor. Este último tendrá a su cargo ordenar el debate de manera de asegurar la mayor participación posible de los presentes, dentro de las normas de orden y respeto que son exigibles en una reunión de este nivel.
El abogado y master en Economía Juan Francisco Ramos Mejía (hijo) fue designado director del curso por sus valiosos antecedentes docentes y académicos que incluyen 14años en que se ha desempeñado como profesor en diversas universidades, dando clases en el país y en el extranjero y publicado artículos y ensayos sobre economía, política y derecho de sólida categoría intelectual, hechos que avalan la responsabilidad que se ha puesto a su cargo. Pertenece a una familia que ha prestado señalados servicios a la República Argentina.
Para abordar los temas propios de este esfuerzo de docencia y formación política que realiza nuestro Partido, se ha buscado la participación de los destacados expositores que se reseñan a continuación y que ya han dado su conformidad, sin perjuicio de otras incorporaciones que fueran menester en el futuro:
Alberto Allende Iriarte, (ex Diputado Nacional, ex Presidente del Partido Demócrata, Eugenio Aramburu, ex embajador de la República Argentina, ex Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Balestra, ex Diputado Nacional en dos períodos, actual Vicepresidente de la Convención del Partido Demócrata, Felipe de la Balze, Académico, Secretario General del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Eduardo Conesa, abogado, economista, profesor titular de Análisis Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Roberto Cortés Conde, miembro de la Academia Nacional de Historia, profesor universitario, Agustín Etchebarne (Director de la Fundación Libertad y Progreso) Juan José Guaresti (nieto), ex Director del Banco Central de la República Argentina, actualmente Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del Partido Demócrata, Emilio Hardoy, ingeniero industrial, dirigente de larga trayectoria en el Partido Demócrata donde ocupó importantes cargos, .Agustín Monteverde, economista de vasta y conocida trayectoria, ex Presidente de la Juventud del Partido Demócrata, Alberto Moreno, abogado, Federico Pinedo, Diputado Nacional, ex Presidente del Partido Demócrata, Candelaria Ramos Mejía, Presidente del Ateneo de Jóvenes de la Sociedad Rural Argentina, Juan Carlos Villa Larroudet, empresario, fundador de OMINT.
En lo que concierne a la forma en que se realizaran las clases se tomará asistencia y se entregará un certificado a la finalización del curso a los participantes que hayan asistido como mínimo a 2/3 partes de las reuniones. Los participantes se deberán comprometen a leer para cada sesión el material de lectura que se enviará con una semana de anticipación.
En cuanto a los temas que se tratarán, podemos mencionar, entre otros, los siguientes:
¿Cuál es el espíritu de la Constitución? Revisión de los principios fundamentales de la Constitución Argentina. ¿Cómo recuperar el marco institucional que la Argentina necesita?
La degradación actual de la política como mero instrumento al servicio del poder. ¿Cómo recuperar una visión ética de la política orientada al bien común?
¿Los políticos promueven el bien común y las empresas el interés privado? ¿Es más Estado la solución para los problemas de la Argentina? Revisión de los fundamentos filosóficos, políticos y económicos de la institución de la propiedad privada y la libertad de empresa.
El legado olvidado de Juan Bautista Alberdi en su Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. ¿Puede haber amplio control del Estado de las libertades económicas y pleno goce de las libertades civiles?
Mitos y realidades de los gobiernos conservadores en la Argentina. La generación del 80’ y los gobiernos conservadores durante los años 30’: Ni década ni infame. La evolución e involución de la Argentina durante el siglo XX.
La revolución bolchevique de 1917 en Rusia. Causas, consecuencias y lecciones sobre cómo han tomado el poder los grupos totalitarios.
El asistencialismo estatal y la distribución de la riqueza. ¿Son las leyes asistencialistas la forma más conveniente de mejorar la situación económica de los más pobres?
La relación entre política y economía: Los ciclos políticos y los ciclos económicos. Los secretos del desarrollo y el progreso. La naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
La Escuela del “Public Choice” y la “teoría de las fallas del Estado”. ¿Es más Estado siempre la mejor solución frente a las fallas del mercado o a veces es peor el remedio que la enfermedad?
El sistema legal, el desempeño económico y la corrupción. La inflación legislativa y el costo de la ley. Elementos de análisis económico del derecho.
La inserción de la Argentina en el mundo. El surgimiento de China y la política exterior Argentina.
Los desafíos actuales de la Argentina en materia de justicia, seguridad, educación, sector agropecuario y energético.
El Partido Demócrata es absolutamente consciente de las tribulaciones que actualmente afectan a nuestra Patria y lo incierto que puede aparentar ser nuestro destino pero en esta hora de dificultad y de peligro, cree que este curso y los otros que se realizarán, son la ratificación de nuestra fe en el país por una parte y por la otra la afirmación que en el seno de esta gran Nación existen formidables fuerzas dispuestas a reestablecer la libertad dentro del orden que fuera en épocas pasadas el secreto de su grandeza y del respeto que inspiraba en el escenario mundial.
Juan José Guaresti (nieto)
Vicepresidente 1ero en ejercicio de la Presidencia del
Partido Demócrata de la Ciudad de Buenos Aires
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