Debemos exigir al Congreso Nacional que termine con el desquicio institucional que padecemos

julio 4, 2014

By Juan José Guaresti

Es relativamente común echar la culpa de la inflación reinante o el crecimiento de la deuda externa e interna que no se paga o la caída en el empleo o los pésimos servicios públicos que nos brinda el Estado, etc., etc., a la política económica que se lleva a cabo. En nuestro parecer cabe también hacer hincapié en otro origen de los males argentinos: Su situación institucional deja mucho que desear porque el Poder Legislativo no ejercita las facultades que les son propias debido a que la mayoría existente actualmente impide la efectiva iniciativa parlamentaria de los partidos de la oposición y no siempre esta última actúa con la energía que se requiere. En esta oportunidad no vamos a incursionar sobre el funcionamiento del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial ni del Federalismo que es otra división de los poderes del Gobierno, estudio que vamos a dejar para otra oportunidad, sino que nos vamos a concentrar en las obligaciones que son la razón de existir del Poder Legislativo y que no realiza. Actualmente no garantiza a la población el contralor que debe ejercitar sobre el Poder Ejecutivo mediante sus facultades tradicionales ni tampoco ejercitando las reformas incorporadas en la modificación constitucional de 1994. Estamos ante un verdadero desquicio institucional que, en parte, tiene origen en que el Parlamento no cumple con sus funciones. No basta con sesionar: se requieren tribunos que orienten a la población y le enseñen el camino que debe seguirse que es sencillamente defender a la República.
El Presupuesto Nacional: Fue sancionado literalmente a los saltos en el año parlamentario 2013 con la habitual prórroga de la emergencia económica y el otorgamiento de facultades claramente inconstitucionales al Poder Ejecutivo que podía gastar a su antojo en aquello que quisiera. Esta prórroga literalmente nos hizo comprender que la crisis de 2001/2002 no había sido corregida en los once años transcurridos desde que se exteriorizó y se nos confeso legislativamente que seguíamos viviendo en la anormalidad. En buen romance debemos entender que el Congreso nos expresó que en tan prolongado período de tiempo, los males experimentados continuaban existiendo porque no dijo nada de en que consistirían las mejoras que se hubieran operado. Esta afirmación implícita de que todo estaba como en las horas aciagas de 2001/2002, contradecía rotundamente las manifestaciones de los funcionarios que proclamaban la brillante aurora de una década ganada.
La ley de presupuesto cuya importancia es fundamental por que mediante ella los representantes del Pueblo, dan o deniegan la autorización al Poder Ejecutivo para usar los fondos que recauda, se ha transformado en un cheque en blanco en manos del Ejecutivo que goza de un poder despótico para disponer de aquellos, mayor que el de muchos tiranos cuyos nombres afortunadamente se han desvanecido en el recuerdo colectivo.
La situación se agrava porque en el caso la actual titular del Poder Ejecutivo goza de un cargo prácticamente hereditario que ha impedido la imprescindible alternancia en el ejercicio del poder.
Otra grave anomalía, es que el Poder Legislativo no ha puesto en funciones desde cinco años atrás, al Defensor del Pueblo creado precisamente para proteger los derechos humanos y las garantías constitucionales ante actos u omisiones de la Administración Pública. No hay duda que esta actitud del Poder Legislativo no es accidental. Sus integrantes, con honrosas excepciones, en este largo tiempo transcurrido permiten de esta manera, que las transgresiones de la Administración Pública queden impunes… lo que perjudica la marcha de la economía y desde luego los derechos de los habitantes.
Dado que para muestra basta un botón, informo al lector que hemos denunciado hasta el hartazgo que el Ministerio de Economía Nacional con la complicidad de la Caja de Valores S.A. multiplica el resultado de las sentencias adversas al Estado Nacional por un coeficiente inventado inferior a la unidad y de esta forma reduce ilegalmente lo que hay que pagar a los acreedores según sentencias firmes. Esto lo viene haciendo desde 1997, modificando lo que establecen sentencias judiciales firmes, pero no hay donde denunciar esta estafa porque el Defensor del Pueblo no ha sido designado… Hasta ahora no ha habido un solo Legislador que se haga cargo de responsabilizar a sus autores de tan gigantesco ilícito exigiendo la investigación parlamentaria y judicial del caso.
Otra meritoria Institución creada también por la Reforma de 1994, fue la Auditoría General de la Nación, que ha elevado al Congreso concienzudos informes, entre otros de la crisis de los ferrocarriles y de la literalmente suicida situación energética. Ni uno ni otro, ni los demás trabajos presentados, fueron analizados por el Congreso. Obviamente los males allí denunciados, seguirán sin ser corregidos.
Podemos concluir, sencillamente, que muchos de los representantes del Pueblo sentados en sus bancas del Poder Legislativo, no nos representan ni mucho menos nos defienden. Mientras no cambie el sistema mediante el cual son elegidos los legisladores, no es fácil dentro del elenco actual, encontrar parlamentarios con la personalidad y el coraje que hacen falta para exigir que se cumplan las leyes y los gobernantes no tengan mas remedio que ser probos. Mientras ese sistema no cambie unámonos los ciudadanos en patriótica y pertinaz algarada para mostrar a los legisladores que deben ganarse el sueldo que les pagamos.

Juan José Guaresti (nieto)

Vicepresidente 1° del Partido Demócrata de la Ciudad de Buenos Aires (Conservador