La ley de expropiación de acciones de capital privado de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales es un golpe brutal al orden jurídico argentino y al autoabastecimiento energético
Voces autorizadas advirtieron desde muchos años atrás que la política que llevaba cabo el gobierno de Néstor Kirchner de obligar a quiénes producían combustibles y energía eléctrica a aceptar precios que no eran remunerativos, era literalmente suicida porque condenaba a la población y a las empresas demandantes de unos y otra a que no se hicieran las inversiones necesarias para garantizar la satisfacción de sus futuras necesidades. Esa política nefasta, harto conocida en nuestra patria por sus terribles cuanto reiterados fracasos, fue llevada hasta el extremo por el actual gobierno. Debido a esa política se calcula que en este año se deberán importar combustibles y energía por unos 14.000 millones de dólares, en vez de extraer esa imponente riqueza de los recursos existentes en el subsuelo argentino y ocupar para hacerlo a factores nacionales de producción que de otra manera permanecerían ociosos.
Al mismo tiempo se gravó en forma confiscatoria a la producción agropecuaria con lo cual se desalentó por una parte su expansión e inserción en los mercados mundiales con volúmenes que superarían con creces los alcanzados o directamente se la condenó a la disminución de su stock con pérdida de 12.000.000 de cabezas como ocurrió con la ganadería, impidiendo el cumplimiento de compromisos internacionales contraídos con anterioridad y cegando fuentes de trabajo dignos por el cierre de decenas de frigoríficos.
Ahora, luego de perseverar en la política descripta que originó la pérdida del autoabastecimiento energético, el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional una ley por la cual se ha resuelto expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales a una parte de los tenedores privados de su capital y se ha asumido la conducción de esa empresa, sin dar cumplimiento a las dos condiciones fundamentales para realizar una expropiación de acuerdo a la Constitución Nacional: Una ley que declare la utilidad pública de la operación y que la parte expropiada sea previamente indemnizada. En este caso el Estado sin pagar un peso ha intervenido la empresa y asumido su administración lo que implica que en caso de aprobarse la ley que es lo mas probable, se tratará lisa y llanamente de una confiscación prohibida por la Constitución Nacional y por los tratados suscriptos por la República Argentina. Nuestro Gobierno nos ha colocado, una vez más, fuera del orden público internacional, lo que nos acarreará sin duda, gravísimos perjuicios en cuanto a la pérdida de prestigio como nación creíble y daños materiales muy cuantiosos.
Estos hechos han levantado en el exterior una tempestad de críticas, no solo por parte del Reino de España de donde provienen los capitales expropiados, sino de muchos otros países con los cuáles Argentina mantiene cordiales relaciones diplomáticas y comerciales. El descrédito que esta acción insólita nos va a deparar, nos asegura la imposibilidad de corregir la suicida política energética de la cual hablábamos porque difícilmente empresas serias invertirán en un país que viola de esa manera el estado de derecho y la seguridad jurídica que debería amparar a argentinos y extranjeros. Este golpe al derecho de propiedad y a las instituciones que lo amparan, tiene la misma entidad que el no pago de la deuda externa realizado años atrás cuando lo que correspondía era asociar a los acreedores al desarrollo argentino y cancelar las obligaciones del Estado pagándoles con los frutos de poner en movimiento las riquezas nacionales; es tan degradante como la confiscación de los depósitos bancarios a quiénes confiaron sus ahorros a la honorabilidad de sus depositarios; es tan despótico como haber impedido, recientemente, la importación de productos extranjeros violando las normas del comercio internacional; es una estafa de tal magnitud como “licuar” la deuda pública alterando el índice de precios al consumidor para pagar menos de las deudas que se “indexan” por aquel.
La Argentina necesita dar empleos dignos a sus hijos para lo cual son necesarios capitales locales y foráneos que estén dispuestos a invertir en busca de utilidades obtenidas correctamente. Sin esos capitales volcados a la producción y a la creación de puestos de trabajo, se acentuará el horizonte de pobreza que agobia a muchos sectores y en especial a jubilados y compatriotas menos favorecidos. Nuestra nación requiere un cambio completo de política que devuelva a la Argentina la confianza en sí misma y el respeto ajeno, precisamente porque sus gobernantes sean custodios de la libertad dentro del orden y garanticen los derechos de sus habitantes y de los extranjeros que contraten con nosotros.
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